La reciente imputación del expresidente de Caja Burgos, José Antonio Arribas, por 45 operaciones por valor de 34 millones de euros en las que presuntamente financiaba sus empresas privadas con créditos de Caja Burgos, vuelve a dejar en evidencia, según Kontuz!, a Yolanda Barcina, Miguel Sanz y Alberto Catalán y su gestión en Caja Navarra. Dentro de esas operaciones se encuentra un crédito que Arribas pidió a Can de 1,8 millones de euros -que pretendía aumentar posteriormente hasta 4,4 millones-, cuando ya se había iniciado el proceso de fusión en Banca Cívica, precisamente para eludir la Ley de Cajas de Castilla y León y para cubrir los impagos que este tenía en Burgos. Las actas de las diversas reuniones en las que se trató el tema apuntan que los tres políticos navarros, como el resto de los componentes de la Junta de Entidades Fundadoras, fueron informados de forma exhaustiva sobre esta operación y sus éticamente dudosos objetivos pero nadie preguntó ni se opuso a la operación, lo que vuelve a poner sobre la mesa la duda de la efectividad y la operatividad tanto de la Permanente como de la Junta.
Tal y como tiene documentado la asociación, las actas, que ponen al servicio de los tribunales para que el proceso en Burgos avance con “rapidez y eficiencia”, recogen que los políticos navarros fueron expresamente informados de que el crédito a Arribas se iba a conceder con el único objetivo de eludir la Ley de cajas de Castilla y León y para cubrir los impagos de Arribas ante Caja Burgos. Asimismo se detalló que no se trataba de una operación “normal” pero a pesar de todo se concedió el crédito.
A la vista del silencio de los políticos navarros, desde Kontuz! valoran que si después de la instrucción judicial, la operación de Arribas es considerada delito, Miguel Sanz, Yolanda Barcina, Alberto Catalán y el resto de representantes de la Junta de Entidades Fundadoras deberían ser considerados “colaboradores necesarios” de la operación.
CON SUCULENTAS DIETAS Tal y como recogen las actas, Miguel Sanz y Yolanda Barcina tuvieron noticia de esta operación el 10 de enero de 2011 en una doble sesión de la Permanente en la que, en dos reuniones consecutivas cobraron 5.360 y 3.434 euros, respectivamente. Además, en esta sesión también estaba Álvaro Miranda, que cobró la misma cantidad que Barcina. Siete días después, el tema volvió a tratarse en la Junta de Entidades Fundadores, en esta ocasión con dieta triple. Es decir, Barcina cobró 5.151 euros y Sanz 8.040. Además de estos, el resto de miembros de la Junta -Álvaro Miranda, Javier Caballero, Roberto Jiménez, Alberto Catalán, Samuel Caro y José Iribas cobraron lo mismo que Barcina. Antes de que se celebraran estas reuniones, la misma cuestión se había tratado en el consejo de Administración de Banca Cívica, al que pertenecía Arribas y del que se ausentó mientras se tomaba la decisión favorable.
Cabe destacar que en las cuatro actas de los distintos órganos que trataron este tema, (Banca Cívica, Control, Permanente y Junta de Can) la información era un corta-pega una de la otra. Esto, para Kontuz! “añade más dudas sobre la veracidad de las actas de la Permanente de la Junta de Entidades Fundadoras”. La asociación destaca que la documentación de la reunión en la que Barcina y Sanz recibieron la información del crédito de Arribas por primera vez, no figura en los archivos de Can hasta el 6 de septiembre de 2011, más de ocho meses después y añaden que el documento se modificó el 24 de octubre de 2014, casi dos años después de la celebración de la reunión.
Al margen de los plazos de las actas, Kontuz! sostiene que es extraño que ninguno de los políticos presentes en aquellas reuniones pusiera pega alguna o solicitara aclaraciones al respecto del crédito, dado “su supuesta dilatada experiencia en la banca”.
CONCURSO DE ACREEDORES Pese al crédito que recibió Arribas, la empresa Industrias Alarzón (Indasa) entró en concurso de acreedores en 2011 y se oficializó el 25 de abril de 2012, un mes antes de que venciera la segunda parte del crédito. Tras la imputación por las presuntas irregularidades de estos créditos, Arribas (que sospechosamente defendió la fusión con Can y Caja Canarias en detrimento de otras cajas de su misma comunidad) será interrogado el próximo 15 de enero y van a preguntarle en concreto por el recibido de Can, tal y como explicó el abogado de UPyD Andrés Herzog.
Kontuz! lamenta que toda esta información no despertó ningún interés en la Fiscalía de Navarra y, dice que llama más la atención a la vista de la diferencia de actitud del fiscal Santiago Mena en Burgos.
LOS PROTAGONISTAS
José Antonio Arribas. Presidente de Caja Burgos durante la fusión con Can. Ha sido imputado recientemente por haber financiaciado presuntamente a sus empresas privadas mediante créditos de Caja Burgos, incumpliendo la ley de cajas. Cuando se produjo la fusión con Can, para eludir esa ley, y con el objetivo de reestructurar su deuda con Caja Burgos, Arribas pidió un crédito de 1,8 millones de euros a Can.
Barcina, Sanz y Catalán. Los tres fueron informados de una de las operaciones de Arribas el 10 de enero de 2011 y cobraron por ello. En las actas que aprueban se recoge expresamente que los políticos navarros fueron informados de que el crédito de Arribas se iba a concedieron el único objetivo de eludir la ley de Cajas de Castilla y León, que no era una operación “normal” y que el objetivo del crédito era cubrir impagos. Sanz cobró 5.360 euros y Barcina y Catalán 3.434, respectivamente.
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