El principio de acuerdo alcanzado entre el Gobierno argentino y los fondos buitres genera controversias por las condiciones onerosas que implica para el país y sus posibles consecuencias a largo plazo.
A 4 653 millones de dólares asciende la cifra del pacto con los cuatro mayores acreedores que no aceptaron entrar en el canje de la deuda de los años 2005 y 2010.
Antes de asumir la presidencia, Mauricio Macri dijo que se pagaría lo que dictaminara el juez Thomas Griesa, encargado del litigio presentado durante el gobierno de Cristina Fernández ante una corte de apelaciones en Nueva York. Luego, intentó una negociación con los fondos más proclives a un acuerdo, pero finalmente terminó pactando con el más “buitre” de todos (NML Elliot de Paul Singer), por casi el doble de dinero de lo que el mismo fondo reclamaba hace poco más de un año.
Detrás de la medida está el interés del Gobierno para acceder a los mercados internacionales y recibir inversiones extranjeras, en un contexto económico marcado por los bajos precios de las materias primas que vende Argentina, como la soya, y una desaceleración de la economía regional.
Lo pactado el lunes es un nuevo capítulo en la disputa de Argentina con los fondos buitres que dura ya 15 años. En el 2001 el país entró en default (cese de pagos) de su deuda soberana en medio de una severa crisis política. No fue hasta el 2003 que presentó una primera oferta para reestructurar su compromiso. Desde esa fecha el proceso pasó por varias etapas incluyendo el canje del 2005 bajo el mandato de Néstor Kirchner, al cual se sumó casi la mitad de los tenedores de bonos.
Con Fernández en la presidencia se realizó la segunda reestructuración en el 2010 con un mayor impacto que el primero, ya que la mayoría de los fondos que rechazaron la oferta cinco años antes, accedieron esta vez. Argentina refinanció sus bonos por 12 067 millones de dólares y logró una quita del 65 % (es decir, que pagó solo 35 centavos por cada dólar de deuda).
Las trabas comenzaron cuando en el 2012 la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York dictaminó que el país sudamericano discriminó a los bonistas que habían rechazado los canjes.
Ello provocó incluso la retención de la Fragata Libertad de la Armada argentina por un recurso de amparo presentado por el grupo de Singer.
Griesa sentenció que Argentina tenía que pagar el 100 % de la deuda a esos fondos que no entraron en la reestructuración.
Fue el inicio de una batalla legal vista como una cuestión de soberanía del país. El conflicto llegó a la Asamblea General de Naciones Unidas donde se respaldó la decisión argentina de no dejarse chantajear por los fondos buitres.
En artículo publicado en Página 12 y replicado en el sitio Rebelión, el exministro argentino de Economía, Axel Kicillof, detalló algunas de las ofertas recibidas durante el gobierno de Fernández por parte de los fondos buitres, que contrastan con las aceptadas esta semana.
En un primer momento llegaron a ofrecer un descuento del 15 % y cobrar en bonos de largo plazo, no en efectivo. Tiempo después, mandaron el mensaje, a través de terceros, que estaban dispuestos a un descuento todavía mayor: 30 % y cobrar en bonos, es decir, como se dice vulgarmente, en papelitos y no en dólares contantes y sonantes, según el economista.
Kicillof recuerda en el texto Algunos números sencillos para evaluar la oferta de Macri a los fondos buitre que cuando el expresidente Néstor Kirchner negoció con los acreedores la salida del default, ofreció 35 centavos por cada dólar. “La de Néstor sí era una oferta realmente agresiva”.
“Si Néstor ofreció 35 centavos por cada dólar, Griesa pretende que Argentina pague cuatro dólares por cada dólar. Pero además, hay que tener en cuenta que los buitres pagaron solo 25 centavos por cada dólar, porque nunca le prestaron plata a Argentina sino que compraron los títulos después del default (cesación de pagos) e incluso después de la reestructuración con el expreso propósito de buscar un juez que les dé la razón. La sentencia de
Griesa cumple ese objetivo y les otorga una ganancia de 1 600 %, que con el descuento que ofrece el gobierno de Macri se reduciría a... ¡1200 %!”, detalló.
Para los fondos buitres o holdouts el principio de acuerdo alcanzado este lunes fue un negocio redondo ante lo que algunos especialistas consideran un “apuro” de Macri por sellar un pacto.
Pero el camino no es sencillo. Para hacerse efectivo, el acuerdo debe aprobarse antes en el Congreso argentino. Además, sería necesario levantar la Ley Cerrojo y la de Pago Soberano, promulgadas en el 2014 con el objetivo de resguardar la soberanía financiera del país precisamente contra los fondos buitres.
También necesita salir a vender bonos de deuda por 15 000 millones de dólares y pagarle a los fondos “al contado y en dólares”, según lo pactado. Y solo tiene hasta el 14 de abril para lograrlo.
Por otro lado, el principio de acuerdo pudiera conllevar demandas del otro 93 % de los bonistas que entraron al canje de deuda, los cuales reclamarían un trato igual.
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