Por primera vez en el Estado español, un grupo de ultraderecha deberá rendir cuentas ante la justicia bajo la acusación de integrar una organización terrorista. Así lo ha dispuesto el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno en un auto fechado el pasado día 5 que no admite recurso, en el que ordena la apertura de juicio oral a los seis imputados de Falange y Tradición (FyT).
En contra del criterio de la fiscalía, que demandaba siete años de prisión para tres de los seis detenidos (José Ignacio Irusta Sánchez, alias El Barbas y El Pater; Javier López Monreal, El Lanas; y Borja Pérez Illera) y exculpaba inicialmente a los otros tres (David Murillo Eslava, Fermín Domingo Turrillas y Yagoba Aldama Bolumburu), el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 2 de la AN resuelve sentar a todos los arrestados en el banquillo. Además, como medida cautelar les impone el pago de una fianza de 50.000 euros "en forma solidaria" con el fin de asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran imponérseles y les recuerda que en caso de no hacerla efectiva se les embargarán bienes para asegurar esta suma.
Los seis integrantes de FyT, que apenas permanecieron un mes en prisión preventiva tras ser arrestados -todos menos Aldama fueron detenidos el 23 de octubre de 2009-, se enfrentan ahora a cinco peticiones de cárcel que oscilan entre los 7 y los 48 años. En el juicio que se celebrará en la sección 1ª de la Sala de lo Penal en fecha aún por determinar, los procesados deberán responder fundamentalmente a los delitos de integrar organización terrorista o ilícita, amenazas, daños y tenencia de armas prohibidas.
Al margen de la mencionada petición de condena de la Fiscalía, en el procedimiento están personadas cuatro acusaciones particulares que en tres de los casos solicitan penas sensiblemente más elevadas. La más alta de todas ellas es la que representa a Sonia Polo Escobés, la txupinera de Aste Nagusia en 2009 que recibió una carta amenazante firmada por FyT junto con un proyectil de calibre de 9 milímetros, y que demanda 48 años de prisión para Irusta y 46 para el resto de imputados. Asimismo, reclama una indemnización de 30.000 euros por las lesiones y los daños morales que le ocasionaron.
AMENAZAS DE MUERTE Los concejos de Artica y Aizoain, que sufrieron diversos daños en placas de recuerdo a presos del franquismo y amenazas, piden 15 años y 6 meses de prisión para Irusta, por los delitos antes citados y por ser el dirigente del grupo; 14 años y 6 meses para López Monreal, por la revelación de secretos con finalidad terrorista y el agravante de valerse de su profesión de secretario municipal; 12 años y medio para Pérez Illera; 10 y medio para Murillo y Turrillas; y 4 para Aldama, a quien considera colaborador del grupo.
Ligeramente inferior es la demanda de cárcel del Ayuntamiento de Arbizu, personado en la causa después de que el entonces alcalde y tres concejales fueran amenazados de muerte. En concreto, pide 14 años y medio para López Monreal; 13 años y medio para Irusta; 12 y medio para Murillo; 12 para Turrillas; 10 y medio para Pérez Illera; y 3 para Aldama.
La solicitud de cárcel más baja es la que firma la representación de Koldo Pla Larramendi, el concejal de Batzarre en Ansoain a quien FyT le dio "30 días para abandonar Navarra" si no quería ir a "una misa en su honor". Reclama una pena de siete años y medio de prisión, solo seis meses más que la Fiscalía, si bien extiende su petición a los seis detenidos, y les pide una indemnización de 15.000 euros.
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