A falta de que el Pleno del Parlamento dé su aprobación definitiva ya que, pese a la oposición de UPN y PP, votos no le faltan, Navarra dispondrá en breve de una ley foral que pretende reconocer y reparar moralmente a los asesinados a raíz del golpe franquista de 1936 y a sus familias.
Aunque el marco normativo establece principios para reparar, en cierta medida, el daño causado por los golpistas y rectificar años de olvido institucional, la ley reconoce y amplía derechos a las familias de las personas asesinadas, y establece obligaciones a las administraciones públicas. De momento, Gobierno y Parlamento tienen un plazo de tres meses, desde la entrada en vigor de la ley, para colocar sendas placas en lugar visible que homenajeen a los funcionarios y personal al servicio de la Diputación Foral y la cámara que fueron asesinados en Navarra durante la guerra de 1936.
Ayer, la comisión de Presidencia, Justicia e Interior aprobó con la oposición frontal de UPN y PPN, y los votos a favor de I-E, Bildu, Aralar y PSN, representados en esta comisión, la proposición de ley foral tras introducir casi una treintena de enmiendas al texto inicial propuesto por Izquierda-Ezkerra. Los parlamentarios de UPN y del PPN votaron en contra de la ley y de todas las enmiendas porque, tal y como dijo Javier Caballero (UPN), entre otros motivos, no la ven necesaria.
La proposición de ley tiene por objeto, según la exposición de motivos, "recuperar, reconocer y rehabilitar la memoria histórica" de los represaliados a partir de los hechos que dieron lugar a la implantación de la dictadura, a través de actuaciones a desarrollar en colaboración con "ayuntamientos, entidades académicas y asociaciones de familiares de fusilados y de Memoria Histórica".
Entre las medidas de reconocimiento "público permanente" a impulsar desde el Gobierno de Navarra se incluyen la celebración anual de un acto institucional dedicado a la memoria de los presos encarcelados en el Penal del Fuerte San Cristóbal; la inauguración en el plazo de un año del Parque de la Memoria de Sartaguda, al que se otorga el máximo nivel de protección, y la instalación de las referidas placas.
A modo de "homenaje" a los navarros recluidos en campos de concentración europeos debido a su lucha "contra el fascismo y la libertad tras el golpe de estado franquista y durante la II Guerra Mundial", en el plazo máximo de un año se colocará también una placa en cada uno de los internados donde haya habido presencia navarra.
ANULACION DE DISTINCIONES Además, se promoverá la anulación de todas las "distinciones, nombramientos, títulos, honores y demás formas de exaltación de personas vinculadas al régimen franquista". Para ello, las administraciones públicas dispondrán de un año para expedir las certificaciones, que remitirán al Gobierno del Estado. A estas anulaciones, insertadas ayer vía enmienda, se suma el artículo ya previsto en la proposición de ley para que el Gobierno tome las medidas para retirar escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la guerra, incluida la retirada de ayudas públicas.
En ese contexto y con el ánimo de "deslegitimar definitivamente" los instrumentos jurídicos del franquismo, el Gobierno de Navarra solicitará al Estado la nulidad de todos los juicios que, por "motivos políticos vinculados a la República, a la Guerra Civil o a la defensa de la democracia", llevaron a cabo tribunales militares o civiles, incluida la cancelación de los fallos emitidos por Consejos de guerra, tribunales de Responsabilidades Políticas, Tribunal Especial de represión de la Masonería y el Comunismo, y Tribunal de Orden Público (TOP).
Asimismo, la ley pretende que la Administración "asuma" la tarea de búsqueda, así como la elaboración de un censo "riguroso" de desaparecidos, de modo que se "garantice a las familias el derecho a conocer dónde están sus allegados dado que hay más de mil asesinados en paradero desconocido". La elaboración de dicho inventario, de carácter público, correrá a cargo del Centro Documental de la Memoria Histórica de Navarra. Para facilitar una investigación lo más "rigurosa y transparente" posible, se prevé que cualquier persona que descubra restos susceptibles de pertenecer a desaparecidos de la guerra o la dictadura debe comunicarlo "inmediatamente" a la Administración Foral.
En ese afán de ir "esclareciendo" las desapariciones, se ordena crear un banco de ADN dependiente del Instituto de Medicina Legal que conservará las muestras de restos óseos procedentes de las exhumaciones. Cualquier familiar podrá solicitar que le sean tomadas muestras para, en el plazo de tres meses desde su requerimiento, secuenciar y comparar su ADN con los datos del banco.
La norma, que recoge el protocolo de exhumaciones y el acuerdo suscrito con el Ministerio de Justicia, apuesta por mantener y "actualizar" el mapa de fosas, para lo cual la Administración "dispondrá partida en los Presupuestos Generales". La proposición crea la figura de Lugar de la Memoria Histórica de Navarra, una serie de enclaves "reconocidos, preservados y con los gastos de mantenimiento a cargo del Gobierno", tales como "fosas, lugares de detención, obras públicas realizadas por esclavos o espacios destacados". La declaración corresponderá al Ejecutivo, a propuesta vinculante de la Comisión Técnica de Coordinación en materia de Memoria Histórica, un órgano en el que, amén del Parlamento y las Administraciones Públicas, estarán representadas diversas entidades y asociaciones relacionadas con la materia.
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