EL BBVA DESAHUCIA A UNA FAMILIA EN NAVARRA

El día 9 de enero fue desahuciada la familia de Carlos Fernando Ramírez en la calle Jarauta de Pamplona por el BBVA. Los agentes de la justicia utilizaron cerrajeros de Bilbao para cambiar las cerraduras, porque los profesionales de la ciudad y de la comarca han manifestado públicamente su negativa a seguir fungiendo de verdugos en favor de los bancos y en contra de los más desfavorecidos. Los trabajadores judiciales cumplieron con la diligencia, ordenada por el inefable juez Mikel Iriarte, titular del juzgado de primera instancia número 2,sin contratiempos, sin las molestias que les habría podido generar la resistencia que suelen oponer las Plataformas de Afectados por las Hipotecas, vecinos y otras organizaciones sociales a este tipo de actuaciones judiciales, porque la familia de Carlos no fue notificada del procedimiento que estaba en marcha.

No es la primera vez que sucede, otras familias, tal como ha sido denunciado en los medios, también se han encontrado con la imposibilidad de acceder a su vivienda, o se han visto al borde de ser despojadas de su techo, sin previo aviso. A preguntas elevadas por representantes de las plataformas a la secretaria de esa oficina, sobre el entuerto, ha contestado con que sí habían notificado al procurador de Justicia Gratuita designado por el Colegio de Abogados para representar a Carlos, pero, que en todo caso, si no lo hubieran hecho, la ley no les obliga a notificarlo.

Queda claro, entonces, que los funcionarios de la justicia utilizan los vericuetos y los vacíos legales que dejan las leyes, y hasta las omisiones en su deber, para obrar como obsecuentes lacayos en favor de los poderosos y en detrimento de las clases populares empobrecidas por la voracidad de los banqueros y de los dueños del poder político y económico.

También podrían torcerle el cuello a la interpretación jurídica, omitir funciones, o hacer uso de la objeción de conciencia para evitar los desahucios, para presionar al sistema financiero para que dé un respiro a las familias, para que el gobierno ponga en marcha sus planes anti desahucios, para que los políticos legislen verdaderamente para acabar con este flagelo, para que los tribunales de justicia europeos digan la última palabra en esta materia, o hasta que la crisis económica ceda. Pero les es más cómodo y más rentable, aunar esfuerzos contra los desfavorecidos.

Alertamos a la ciudadanía en general, a las organizaciones y personas defensoras de los derechos humanos y sociales, en particular, a estar en pie de lucha, porque, por lo visto en las plataformas, los bancos han ordenado a sus escribientes jurídicos arremeter contra las familias en procesos de ejecución hipotecaria.

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