Su nombre era José Antonio Elena Rodríguez. A los 16 años, estaba terminando la secundaria y viviendo con su abuela en el lado mexicano de la ciudad fronteriza de Nogales.
El 13 de octubre de 2012, José Antonio fue alcanzado por una ráfaga de balas provenientes del lado estadounidense de la cerca metálica que atraviesa Nogales. Unos siete tiros penetraron el cuerpo del muchacho por la espalda y la cabeza. Murió instantáneamente.
Sentada en una concurrida cafetería de Nogales, Taide Elena, la abuela de José Antonio, muestra fotos de su nieto. Estalla en lágrimas cuando habla acerca de los sueños que “Toñito” tenía.
“Ni siquiera estaba en la línea. Sólo estaba caminando en la acera, a tres cuadras de su casa”, solloza mientras recuerda la noche en que le dispararon. “¿Por qué llevaron a cabo este cruel asesinato?”
Los tiros fueron disparados por agentes de la patrulla fronteriza estadounidense. La patrulla fronteriza afirma que el joven tiró rocas al o los agentes no identificados, quienes dispararon en respuesta. La familia reporta que ni su abogado ni las autoridades mexicanas han recibido información acerca de la investigación en el lado estadounidense. Mientras circulan versiones contradictorias, la patrulla fronteriza ni siquiera revela los nombres de los agentes bajo investigación.
La patrulla fronteriza autoriza a sus agentes a responder al lanzamiento de piedras con fuerza letal. Ésta no es la primera vez que agentes han disparado hacia México y matado hombres jóvenes por supuestamente lanzar piedras hacia la frontera.
La Southern Border Communities Coalition (Coalición de Comunidades de la Frontera Sur) ha registrado 19 casos de personas asesinadas por la patrulla fronteriza, tan sólo desde 2010. La Coalición, formada en marzo de 2011, aglutina a más de 60 organizaciones en California, Arizona, Nuevo México y Texas, para “asegurar que las políticas y prácticas de control fronterizo son responsables y justas, respetuosas de la dignidad humana y los derechos humanos y evitar la pérdida de vidas en la región”.
El 2 de diciembre, otra personas fue muerta a tiros por la patrulla fronteriza, 12 millas al noroeste de Sasabe, Arizona, en un asesinato que aparentemente ni siquiera se habría hecho público si un reportero de Tucson no hubiera dado seguimiento a una denuncia anónima. A eso hay que añadir el incidente del 25 de octubre, cuando Troopers del estado de Texas en un helicóptero armado, dispararon a un camión lleno de inmigrantes, matando a dos guatemaltecos, y la cifra llega a 22 casos conocidos.
Los números por sí mismos justifican llamar a esto una matanza. La patrulla fronteriza puede alegar que algunos de estos asesinatos fueron accidentales, pero en la actual mentalidad de guerra entre las fuerzas de seguridad fronteriza estadounidenses, parece importar poco quién murió o cómo.
El Departamento de Relaciones Exteriores de México emitió un comunicado tras el tiroteo a José Antonio, refiriéndose a dichas muertes como “un serio problema bilateral”. La violencia ha atraído incluso la atención de Navi Pillay, Alto Comisionado en Derechos Humanos de la ONU, quien declaró que los numerosos reportes de jóvenes asesinados en la frontera muestran “uso excesivo de la fuerza por la patrulla fronteriza estadounidense”.
Los medios le prestan atención esporádicamente a lo que está sucediendo cuando alguien es asesinado. Pero el problema de la violencia de las patrullas fronterizas parece ser endémico. El grupo estadounidense de derechos humanos No More Deaths (No más muertes) emitió un reporte el año pasado, llamado “Cultura de crueldad” en el que señaló 30 mil casos de abuso por parte de la patrulla fronteriza entre noviembre de 2008 y marzo de 2011.
Otros grupos de derechos humanos han emitido reportes y presentado quejas a organizaciones internacionales, y el gobierno mexicano se queja brevemente cada vez que un mexicano es asesinado. Pero las muertes y abusos siguen aumentando.
Artículo completo en:
http://desinformemonos.org/2013/01/cuando-la-seguridad-nacional-se-convierte-en-una-licencia-para-asesinar/
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