Un centenar de profesionales vinculados al mundo de la cultura han secundado un manifiesto en el que se pide no demoler la prisión antigua y rehabilitarla para otros usos alternativos. Las firmas se hicieron públicas ayer, poco antes de conocerse que había comenzado el derribo.
YA han vaciado de internos la antigua cárcel en San Juan, ya los han trasladado a un nuevo edificio. Tenemos disponible un gran contenedor de propiedad pública, disponible para unos buenos usos ciudadanos.
El edificio se inauguró en 1901, dispone de 11.500 m2 utilizables, en tres plantas, la parte principal tiene forma de cruz, con cuatro brazos de unos 30 metros de largo por 16 metros de ancho, más otras edificaciones menores; entre los edificios hay dos grandes patios pavimentados de 1.400 m2 cada uno. La estructura de los edificios se encuentra en muy buen estado; al haberse utilizado hasta hace dos meses, su estado de conservación general es bueno.
Resumiendo: nos encontramos con un edificio bien construido, bien conservado, en medio de la ciudad y gratis. Un edificio que se puede rehabilitar completo, o por partes, e ir usándolo al servicio de la ciudadanía conforme vayan surgiendo las necesidades concretas. Un edificio capaz de acoger muchos usos ciudadanos, como ha pasado en tantos edificios de antiguas cárceles abandonadas y reutilizadas como: museos, centros cívicos, oficinas de la Administración, hoteles de lujo, albergues juveniles, centros de formación, mercados municipales, archivos, espacios de creación artística, etcétera, etcétera.
Posibilidades de usos no faltan, el contenedor lo tenemos disponible y en buen estado, ahora toca la decisión política: ¿lo derribamos? ¿o lo rehabilitamos?
Los firmantes del presente escrito consideramos que lo razonable es:
En primer lugar, y puesto que no hay urgencia, mantener el edificio en pie, tal como está;
En segundo lugar hacer un levantamiento detallado del edificio, con planos que nos sirvan de testimonio gráfico de lo que es y para estudiar lo que puede llegar a ser;
En tercer lugar y paralelamente, enseñárselo a la ciudadanía en general, y a expertos en particular, para abrir un debate sosegado sobre sus posibilidades: usos deseables y posibles, partes a mantener y partes a derribar, etc.
Como conclusión de este debate ciudadano, podremos llegar a unas conclusiones razonables y razonadas de qué hacer con cada parte del edificio, si derribarlo todo, o unas partes, o nada, si utilizarlo todo él para un fin concreto, o para varios compatibles, o …
Por estas razones, pedimos al Ayuntamiento de Pamplona-Iruña que no derribe este inmueble y que lidere el proceso de toma de datos y participación ciudadana para que se adopte la decisión más aceptable sobre su futuro. Es preferible pensar diez veces cuando hay tiempo, que lamentarlo una sola vez cuando ya no hay vuelta de hoja.
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