Ramón Sáez Valcárcel se desmarca de una condena de la Audiencia Nacional. Su voto particular critica que el instructor, hoy jefe de lo Penal, no pusiera garantías contra el maltrato y que luego se usaran las autoinculpaciones. Beatriz Etxebarria denunció haber sido violada en esa redada.El magistrado Ramón Sáez Valcárcel destapó ayer la cuestión de las torturas habitualmente sellada a cal y canto en la Audiencia Nacional, y lo hizo señalando además al nuevo presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional española, Fernando Grande-Marlaska. En un voto particular discrepante a una sentencia condenatoria, ese juez advierte que no se debió aceptar como prueba la primera declaración judicial de Iñigo Zapirain -condenado a cinco años junto a Daniel Pastor y Beatriz Etxebarria- «después de haber denunciado torturas y negado su anterior manifestación».
El razonamiento del magistrado pone muy en entredicho la labor de Marlaska, que se encargó de instruir la detención de los tres ciudadanos vascos y validó una confesión que Sáez Valcárcel cree que debería haber sido «nula» por la falta de garantías existentes durante los cinco días de incomunicación.
En su voto, Sáez recuerda que la «mejor forma» para prevenir la tortura es no incorporar a la prueba la confesión del detenido cuando este se retracta con posterioridad y denuncia malos tratos, «desechando como sospechosa la declaración que fue obtenida en un espacio de intensa constricción física, moral y sicológica, como es el caso de la privación cautelar de libertad en régimen de incomunicación, máxime si la medida ha sido ampliada respecto al plazo máximo ordinario -72 horas-».
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