Los siete sindicalistas, que lucían camisetas verdes con una imagen del presidente del Santander y el texto "hay que juzgar a Botín", han explicado que la acción, que tuvo lugar en setiembre de 2010, formaba parte de una jornada de movilización convocada por la Federación Sindical Mundial en favor de los derechos de los trabajadores.
Los encausados llevaron a cabo una protesta pacífica en las oficinas que Banco Santander tiene en la iruindarra Plaza del Castillo para denunciar que mientras los trabajadores sufren las consecuencias de la crisis, la banca recibe ayudas públicas y sigue ganando miles de millones.
Durante el juicio, han negado que corearan gritos contra la Policía española, que les detuvo, porque ese no era el propósito de la acción y que opusieran algún tipo de resistencia.
Tras los testimonios de las partes, y después de conocer el sueldo de cada uno de los acusados, entre 300 y 1.400 euros, según han dicho, la Fiscalía ha considerado que fue "una actuación premeditada" en la que "no atendieron" las requerimientos policiales y por tanto "voluntariamente adoptaron una actitud de desobediencia sin violencia", por lo que la ha calificado de falta leve.
La defensa de los acusados ha asegurado por su parte que "no consta acreditado" que sus patrocinados recibieran una "orden clara y directa" que desobedecieran "con evidente ánimo de menospreciar a la autoridad", ni tampoco que opusieran resistencia o gritaran contra la Policía en esta acción "voluntaria" que tenía como "única finalidad" denunciar el papel de la banca en una situación de crisis.
Irakurri gehiago/ Leer más:
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